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El Ministerio de Seguridad y Justicia lleva adelante un plan de inversión en equipamiento de última tecnología y capacitación de los recursos humanos que tendrán a su cargo la investigación de delitos rurales.
El Gobierno provincial pondrá en funcionamiento efectivo las fiscalías rurales para atacar e investigar delitos que afectan al sector productivo chaqueño. Desde 2021, el Ministerio de Seguridad y Justicia trabaja junto al Poder Judicial para la instalación de nuevas oficinas, designación de fiscales y capacitación al personal que se abocará a la investigación de delitos rurales en toda la provincia.
Esta política pública, que busca fortalecer al sector productivo mediante la prevención de delitos rurales, demandó una inversión de $22.000.000, a través de la incorporación de equipamiento de última tecnología.
Esta semana, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco solicitó al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento que inicie los trámites correspondientes para poner en marcha el concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir dos cargos de Fiscal de Investigación Rural y Ambiental para Machagai (segunda circunscripción judicial) y General San Martín (quinta circunscripción judicial). Además, requirió al procurador general Jorge Canteros que informe las necesidades y presupuesto estimado para implementar las mencionadas fiscalías.
El pedido del STJ responde a un requerimiento de la Procuración General para que se pongan en funcionamiento dos de las seis fiscalías rurales y ambientales creadas a través de la ley 1618-A, y al decreto 1898/22 del Poder Ejecutivo que dispuso la puesta en funcionamiento de las mismas.
Inversión en tecnología
La ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar detalló que para el pleno funcionamiento y trabajo de las Fiscalías de Investigación se instalaron 20 unidades de videovigilancia cámara-campo en los principales accesos a los campos, caminos vecinales y zonas donde se detectó mayor incidencia delictiva, y 100 equipos de GPS en móviles policiales rurales. Las cámaras de seguridad se alimentan a través de energía solar y tienen conexión a internet, lo que posibilita la visualización en tiempo real.
En paralelo, se realizó un curso sobre Seguridad Rural y Ambiental, abordando todas las áreas y cadenas del delito, a fin de profesionalizar las fuerzas de seguridad de la provincia, y capacitar a fiscales y ayudantes fiscales del Ministerio Público Fiscal. La capacitación nucleó aspectos ambientales, periciales, judiciales, policiales y de fiscalización del delito.
Además, la Policía del Chaco lleva a cabo tareas de monitoreo a través de drones adquiridos por el Gobierno, que son útiles para la búsqueda de animales. Las cámaras-campo y GPS provistos complementarán esa tarea. Todo esto con el objetivo de que las fiscalías cuenten con herramientas y material probatorio para la investigación de delitos rurales.
En este sentido, aseguró que el Estado defiende a las familias arraigadas al campo, para lo que es necesario eliminar las bandas delictivas que hurtan ganado y afectan el esfuerzo de los productores. “Es necesario fortalecer una política pública basada en tres pilares: recursos humanos, tecnología y participación ciudadana”, dijo.
Para ello la Dirección de Policía Rural trabajará en conjunto con productores y fiscales para la prevención, investigación y sanción de los delitos rurales. “Y hoy sumamos un área específica que colaborará para mayor eficiencia y eficacia, de esta manera, los productores se sentirán más seguros y atendidos frente a las problemáticas que los afectan en materia de seguridad pública”, subrayó.
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